Este lunes se hizo presente en el “Instituto de Seguridad y Resocialización”, Unidad nº 6 del Servicio Penitenciario Federal, ciudad de Rawson, provincia del Chubut, una comisión del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, un espacio interinstitucional y plural constituido en base al acuerdo de destacar el valor humano como objeto de tutela y con el objetivo principal de garantizar la protección de la Constitución Nacional a las personas privadas de su libertad, como lo señalara la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Unidad visitada se trata de un establecimiento “cerrado” clasificado como de máxima seguridad –uno de los tres que existen en el país, junto con la Unidad 7 de Resistencia y la U 9 de Neuquén-. Aloja personas de género masculino, mayores de veintiún años, procesados y a condenados a las penas más largas de prisión.

El Sistema ya cuenta con información de índole diversa que le aportan las instituciones miembros y algunas decisiones judiciales.

El monitoreo procura controlar de manera inmediata las reales condiciones de alojamiento,  mediante la recorrida no guiada y la observación directa de la estructura material de alojamiento y sanitaria, el relevamiento de aspectos como el trato y el régimen de vida, la alimentación, la atención médica y también las calificaciones y el debido proceso en el régimen sancionatorio administrativo; así como el acceso a los períodos de la progresividad.

Este relevamiento, que tiene en cuenta las características y particulares circunstancias de la Unidad, producirá un informe detallado y, en su caso, señalamientos y recomendaciones.

La comisión está integrada por jueces Gustavo M. Hornos –presidente-, Martín Vázquez Acuña y Sergio Paduczak; el fiscal general titular de la PROCUVIN, Abel Córdoba; el defensor público general Ricardo Ricchiello; el director de Protección de los DD.HH. de la Procuración Penitenciaria Nacional, Ariel Cejas, y la secretaria de Cámara Lucía Gallagher.

Así lo viene haciendo el Sistema por todo el país en las unidades SPF y ha incluido a dependencias de Fuerzas de Seguridad Federales y provinciales, así como a Institutos de menores.

Entre los objetivos buscados está el de garantizar los derechos que las personas no pierden por su detención, como el derecho a la vida y a la dignidad, y coadyuvar a disminuir la criminalidad  y particularmente la reincidencia delictiva procurando su reinserción e inclusión social.

El control amplio y efectivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad constituye una propuesta de cambio cultural en el ámbito judicial; así como una evolución de la perspectiva de abordaje de las cuestiones penitenciarias y las condiciones de detención, mirar tras los muros desde la óptica de los Derechos y ya no de las prohibiciones.

Informe: Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal