“No es una oficina para recibir denuncias, ni para recibir al público. Esta es una oficina de trabajo, de recolección de datos, de programación, de colaboración con otros organismos y de una actuación interinstitucional que permitirá que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones internacionales de acuerdo a las convenciones que hemos firmado”, advirtió la ministra Carmen Argibay, a cargo de la Oficina de la Mujer, durante su presentación pública.
La oficina, creada por el Máximo Tribunal a través de la Acordada 13/2009, se propone el desafío de lograr la equidad de género tanto en relación a quienes utilizan el sistema de justicia como para los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
La ministra, que fue acompañada en el estrado por la doctora  Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta del Tribunal, explicó: “Estamos haciendo las propuestas para cumplir con las previsiones de la Ley 26.485 para  la prevención de todo tipo de violencia de género. La ley impone a cada uno de los poderes del Estado una cantidad de obligaciones para tener programas a fin de prevenir la violencia. En este sentido, el Poder Judicial tiene un papel sumamente importante”.
“Vamos a pedir la colaboración de todos los tribunales superiores de las provincias, las cámaras, los organismos judiciales, los juzgados... Es una obligación del Poder Judicial la recolección de datos que van a surgir de diversos ámbitos.  Por un lado, de los expedientes y, por el otro, de lo que pasa internamente. Vamos a tener ámbitos de investigación para detectar los problemas de violencia de género dentro del Poder Judicial o los que le llegan al mismo por su función. El objetivo es eliminar todas las formas de ataque, de lesión y de violencia contra la mujer”, remarcó.
La recopilación de datos para elaborar estadísticas es una de las primeras labores que se propone encarar la Oficina de la Mujer. “Si no tenemos estadísticas, no sabemos lo que pasa y no podemos trabajar”, reconoció la ministra.
La Oficina cuenta con una secretaría encargada de establecer enlaces a nivel nacional con los Superiores Tribunales de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y las Cámaras Nacionales y Federales; los órganos designados por la ley 26.485; el Consejo Nacional de la Mujer y la Secretaría de Justicia; e instituciones académicas, asociaciones u organizaciones que realicen tareas en esta materia. En el plano internacional, la secretaría se contactará con otras oficinas encargadas de la problemática de género y con los organismos de monitoreo previstos en las Convenciones Internacionales.
Contará asimismo con diversas áreas de trabajo, encargadas de brindar capacitación al Poder Judicial para el diseño y coordinación de políticas institucionales que favorezcan la equidad de género; recopilación de datos a fin de elaborar estadísticas en este sentido; e investigación de género, que tendrá a cargo la identificación de necesidades y deficiencias dentro del Poder Judicial.
Informe de Prensa Nº 86                                  Buenos Aires,   10 de junio de 2009