El viernes 13 de marzo, se realizó en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal un nuevo encuentro del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias que, con el objeto de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, quedó conformado en el año 2013 por jueces, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria y como miembros consultivos el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el CELS.

En la oportunidad, fue recibido el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler; junto con el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, y otras autoridades.

El ministro había solicitado la reunión al titular del Sistema, Gustavo M. Hornos, con el objeto de exponer la preocupación existente acerca del creciente número de personas privadas de su libertad, su categorización y las alternativas de abordaje a las distintas problemáticas.

Con la presencia de numerosos magistrados, el acto fue abierto por el juez Gustavo M. Hornos, quien destacó el deber de los jueces de velar por los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

En el acto también estuvieron presentes los jueces Mariano Hernán Borinsky, Mirta López González, Sergio Paduczak, Martín Vázquez Acuña, Cristina De Luca Giacobini, el titular de la Procuvin, Abel Córdoba, el director de la Procuración Penitenciaria Ariel Cejas Meliarie, los jueces de ejecución penal Marcelo Peluzzi y Axel López; Maximiliano Balmaceda Dialeba, por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, y Eva Asprella, en representación del CELS.

Además, concurrieron las recientemente designadas juezas de ejecución María Jimena Monsalve y Vilma Bisceglia y funcionarios de la casa invitados especialmente para la ocasión.

Los magistrados y funcionarios intercambiaron puntos de vista y perspectivas acerca de la problemática relativa a las condiciones de detención y a la adecuación de la política penitenciaria a los estándares internacionales de protección y garantía de los derechos humanos. Todos los asistentes resaltaron lo valioso del espacio interinstitucional para estos fines.

En este punto se evaluó la necesidad de evitar todo hecho de violencia u opresión, también se refirieron a la situación de la salud y fue tratada la necesidad de habilitar la infraestructura de los juzgados de ejecución penal pendientes.

Informe: Comisión de Ejecución Penal de la Cámara Federal de Casación Penal