El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, dispuso este martes el procesamiento de cinco imputados en el expediente donde se investigan irregularidades en la causa del atentado a la sede de la AMIA.

Concretamente dictó resolución en la causa n° 2925/1998, caratulada “Vicat Luís Ernesto y otros s/amenazas” (conexa al expediente principal 3446/12), en trámite por ante el Juzgado Federal Nº 4, Secretaría Nº 8, en la que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Luis Ernesto Vicat, Federico Guillermo Domínguez, Marta Nélida Parascándalo, Aldo Andrés Spicacci Citarella y Miguel Ángel Márquez, por el delito de extorsión previsto en el artículo 168 del Código Penal.

Los hechos por los cuales se procesó a los cinco imputados fue el ofrecimiento de beneficios y la práctica de presiones sobre personas que se encontraban implicadas y detenidas en el marco de la investigación sobre el atentado a la sede de la AMIA instruida en el Juzgado Federal n° 9, por entonces a cargo de Juan José Galeano, a cambio de que declaren contra Juan José Ribelli con el fin de involucrarlo falsamente en ese expediente judicial. Los ofrecimientos mencionados consistieron en dinero para mejorar su calidad de vida, otorgamientos de ciertos beneficios dentro de la fuerza, tales como impedir que los declaren prescindibles, o en su defecto, cuestiones procesales como mejorar las condiciones de detención.

Específicamente, tuvo por acreditado que los sucesos que involucraron a Diego Barreda, Bautista Alberto Huici y Claudio Walter Araya fueron parte de aquella maniobra, cuyo objetivo principal fue recolectar prueba de cargo contra miembros de la Policía Bonaerense para que el magistrado obtuviera elementos para incriminar falsamente a Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Barreiro en el atentado a la AMIA.

Se comprobó que Luis Ernesto Vicat, Federico Guillermo Domínguez, Marta Nélida Parascándalo, Aldo Andrés Spicacci Citarella y Miguel Ángel Márquez materializaron las órdenes del juez de la causa en ese momento para concretar el objetivo de fundar imputaciones falsas. En este sentido, se acreditó que los nombrados formaron parte de ese proceso, ya sea como abogados de personas implicadas en los hechos -como el caso de Domínguez y Parascándalo- o como auxiliares de justicia del juez instructor para brindar colaboración en la dilucidación del atentado -tal el caso del ex miembro de la policía bonaerense Luís Ernesto Vicat- y que, en tales condiciones, efectuaron presiones sobre personas investigadas por el Juez para que declaren contra Juan José Ribelli, a cambio de los beneficios ya mencionados.

Se comprobó que Vicat, Márquez, Domínguez, Spicacci Citarella y Parascándalo se reunieron con los damnificados (ya sea con Huici, Barreda o Araya) y valiéndose de sus cargos y/o funciones concretaron las directivas de quien tenía a cargo la investigación, ejecutando aquel plan en forma autónoma y voluntaria sin ninguna causa de justificación que permita desvincularlos penalmente.
 
Así, destacó que las cinco personas sobre las cuales se resolvió su situación procesal actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos y los del ex juez y, sin embargo, decidieron no apartarse de la maniobra que tiñó de ilegalidad la investigación de la causa AMIA.

Por este direccionamiento de la investigación de la causa del atentado a la AMIA y por las irregularidades que se dieron en ese expediente, en los año 2011 y 2012, el juez Lijo elevó a juicio oral y público a Carlos Saúl Menem, Munir Menem, Juan José Galeano, Hugo Alfredo Anzorreguy, Jorge Alberto Palacios, Juan Carlos Anchezar, Carlos Antonio Castañeda, Eamon Müllen, José Carlos Barbaccia, Patricio Finnen, Carlos Telleldín, Ana María Boragni, Victor Stinfale, Rubén Ezra Beraja.