Comunicado Nro. 134/2014

Las declaraciones efectuadas por el Sr. Jefe de Gabinete de la Nación, Dr. Jorge Capitanich, en el día de ayer, desconocen los ámbitos de actuación de cada Poder del Estado y agravian a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al afirmar que uno de sus fallos “demuestra claramente la parcialidad” del Alto Tribunal, “es una afrenta a todos los argentinos”, “con intencionalidad política”, en “injerencia indebida respecto al funcionamiento de otros poderes del Estado”, y “constituye una afrenta al funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas”.

Los fallos judiciales, como cualquier acto de gobierno, pueden ser objeto de crítica favorable o disenso, pero ello no autoriza al agravio y descrédito personal hacia los magistrados que han tomado decisiones en la cuestión sometida a su juicio.

La discrepancia puede darse en lo político, en lo social o en lo jurídico, pero no en la aceptación uniforme del valor que la Constitución Nacional otorga a las sentencias del más Alto Tribunal de la República, que deben ser respetadas y cumplidas, especialmente cuando se trata de funcionarios de otros poderes.

Ése es el sistema de convivencia que hemos elegido y que se encuentra plasmado en la Constitución Nacional, que establece a los jueces en sus custodios para aseguramiento de los derechos de todos los habitantes.

También se afecta la división de poderes cuando en la misma ocasión el Jefe de Gabinete aludió a una causa en trámite criticando la citación por el Dr. Claudio Bonadío a dos fiscales “porque no es posible que exista persecución judicial a fiscales que investigan delitos de narcotráfico y lavado de activos financieros en donde exista involucramiento supuesto por parte de una jueza que a su vez actúa como supuesta testaferro de un condenado a 20 años de prisión por el delito de narcotráfico”.

La descalificación del juez Bonadío pretende modificar su proceder en una causa en trámite la cual implica una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida para los funcionarios de otros poderes, y la misma pretensión tiene la descalificación a la jueza para afectarla por cuestiones que hacen a su esfera privada.

El desempeño de los jueces es controlado por órganos constitucionales y a ellos debe recurrirse si se entiende que existen elementos que constituyen delito o grave irregularidad en el proceder de un magistrado.

La independencia del Poder Judicial no admite recortes, sólo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente. Cualquiera que sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales, nuestra Asociación lo defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana. De la misma manera, si existen magistrados que con su desempeño afectan su investidura, reclamamos que si así se acredita por los procedimientos constitucionales, sean removidos de sus cargos.

Por ello, sostenemos que en un Estado democrático y republicano de derecho es indispensable un respeto irrestricto a las decisiones de cada poder en su propio ámbito, y reclamamos el mismo respeto que nosotros exigimos a nuestros colegas al dirigirse a los representantes de otros poderes del Estado.

Lunes 30 de octubre de 2014