Este miércoles se llevaron a cabo dos encuentros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con jueces de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional y de tribunales orales, en el marco de la acordada 32/2013 por la cual el Máximo Tribunal dispuso una serie de medidas que impulsan la agilización de los procesos penales.

Ambas reuniones se realizaron ante el secretario General y de Gestión de la Corte, Alfredo Kraut, y fue para diseñar cuestiones organizativas vinculadas a dos de las tres comisiones creadas por dicha acordada. En primer encuentro de la jornada fue con los jueces de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, y luego con los magistrados de tribunales orales.

En el mismo sentido, este martes se realizó una reunión con siete jueces de la Cámara Federal de Casación Penal (ver nota: “Se reunieron en la Corte jueces de Casación por celeridad de juicios penales”).

A través de aquella acordada, la Corte Suprema dispuso la creación de tres comisiones, de carácter institucional e integrada por jueces penales de todas las instancias del fuero, que deberán elaborar propuestas con el fin de acelerar los juicios penales, dentro de las respectivas jurisdicciones. Las comisiones se constituirán de la siguiente manera:

- Comisión I: cinco integrantes que serán designados por la Cámara Federal de Casación Penal, y se referirá específicamente al funcionamiento de las cámaras federales y juzgados federales de primera instancia en materia penal.

- Comisión II: cinco integrantes que serán designados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y se referirá específicamente al ámbito de la justicia nacional, de ambas instancias, de menores y de ejecución penal.

- Comisión III: cinco integrantes que serán designados por los Tribunales Orales, Federales y Criminales y se referirá al ámbito propio de sus competencias.

Las propuestas que deberán elaborar las comisiones deberán ser enviadas al Máximo Tribunal dentro de un plazo de 90 días a fin de que sean remitidas a la autoridad que corresponda, y deberán contemplar:

1) Reformas internas en el Poder Judicial, referidas a los procesos penales
2) Elaboración de manuales de actuación y de gestión administrativa y procedimental
3) Información al público, transparencia de los procesos, el rol de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales
4) Reformas legislativas procesales
5) Mejoras en el sistema de excarcelaciones y la situación de los detenidos.