En los  autos caratulados “VIDELA, Jorge Rafael, MENÉNDEZ, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Abuso de Poder, Usurpación, Allanamiento ilegal de domicilio… 9720”, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Abel Guillermo Sánchez torres, Carlos Julio Lascano y José Pérez Villalobo, resolvió por unanimidad dictar el sobreseimiento de Jorge Rafael Videla en orden a los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, usurpación y robo calificado, y de privación ilegítima de la libertad agravada por extinción de la acción penal en su contra  y confirmar  el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez como autor mediato del hecho nominado primero, calificado legalmente en términos de allanamiento ilegal de domicilio, usurpación y robo calificado.

Antecedentes de la causa:

El 25 de abril de 1977, en operaciones simultáneas de tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército Argentino, habrían ingresado ilegítimamente, ocupando y apoderándose de las instalaciones de la empresa Mackentor, de los talleres, depósitos y sus bienes muebles; de dos campos ubicados en la Provincia de Santiago del Estero; de una finca en la Provincia de San Juan dedicada a la producción vitivinícola; de una planta de fabricación de caños de alta presión situada en las Flores, Provincia de Córdoba;  de las oficinas que la firma tenía en la ciudad de Buenos Aires; de la empresa Horcen (Hormigón Centrifugado Sociedad Anónima), perteneciente al grupo “Mackentor” y  de  la empresa EDISA SA. (Empresa del Menor SACIF) dedicada a la fabricación de refrescos.

El 28 de abril de 1977, el comandante de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, General de Brigada Arturo Gumersindo Centeno (fallecido), habría comparecido ante el Juzgado Federal Nro. 1 de la ciudad de Córdoba, del que por entonces era titular el Dr. Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido), invocando la existencia de una “investigación”, habría solicitado al juez la urgente intervención judicial de las empresas Mackentor SA., Del Interior SA., y Horcen SA. (que se encontraban “militarmente” intervenidas), a fin de que se le adjudicara al Ejército “el manejo total y absoluto de sus respectivas administraciones”, petición a la que el juez Zamboni Ledesma hizo lugar disponiendo la intervención de las firmas mencionadas y designando al militar Coronel (RE.) Rodolfo Batistella para su desempeño.