Un equipo de profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica y del área de Sistemas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD) se trasladó a la provincia de Santa Cruz para coordinar el trabajo institucional con la flamante Oficina que inauguró en marzo pasado el Superior Tribunal de Justicia provincial. El objetivo es optimizar el acceso a justicia que se brinda a las personas afectadas por maltrato familiar.

La nueva dependencia surgió a partir del convenio de cooperación firmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el STJ provincial el 6 de noviembre de 2009. Posteriormente, el 21 de diciembre de 2012, a través de la resolución CCVI Registro 151 folio 174/175 del STJ, se creó la nueva oficina, cuya coordinación está a cargo de la doctora Sabrina Granero.

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz está integrado por los jueces Clara Salazar, Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña Campos.

Trabajo en común

Los profesionales de ambas oficinas pusieron en común mecanismos de trabajo y comunicación a fin de desarrollar la tarea interinstitucional en aras de un mejor servicio. Se profundizó en la implementación de amplios métodos de admisión, teniendo en cuenta la normativa vigente y sobre todo el interés superior del niño.

A partir de la presentación del acta y la evaluación de riesgo realizada por la OVD de Río Gallegos, la justicia provincial de familia resuelve de manera inmediata el dictado de medidas de protección, cumpliendo así con lo establecido por la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

En la actualidad, la OVD es pensada como un modelo a seguir para que otros, dentro del ámbito de la Justicia argentina, lo adopten, lo perfeccionen y lo repliquen. Los superiores tribunales provinciales de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Santa Cruz ya cuentan con sus propias oficinas de violencia doméstica. Dependencias similares se encuentran en proceso de implementación en las provincias de Jujuy y Entre Ríos.