ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS RECHAZA PRESIONES
 
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut quiere manifestar una vez más su enorme preocupación ante las declaraciones del Ministro de Gobierno de la Provincia, Sr. Pérez Catán, en el sentido de que dispondrá enviados especiales a las audiencias donde se decida la libertad de los imputados, con la finalidad de controlar los fundamentos de las libertades y si para ellos el fundamento es ilegal, iniciarán juicio “político” a los jueces que la disponen.

La preocupación de la Asociación tiene varias razones.

En primer lugar porque confunde a la opinión pública, pues el lector medio, al leer al Ministro, puede interpretar que las audiencias en los tribunales penales son secretas, cuando ello no es así, pues el nuevo código procesal penal dispone que todas las audiencias deben ser públicas, precisamente para permitir el control de cualquier ciudadano sobre los fundamentos de la decisión de los jueces. Es decir que los ciudadanos -o cualquier funcionario de los otros poderes- pueden asistir libremente a las audiencias. Es más, sería sano que cada vez fuera más gente a las audiencias para que se pueda opinar con algún grado de conocimiento y sensatez sobre cada uno de los hechos.

Esto último, si bien es un derecho de los ciudadanos, se transforma hoy en casi un deber para los dirigentes que quieran opinar con seriedad y responsabilidad sobre los hechos concretos y las decisiones judiciales, puesto que de lo contrario caen en opiniones efectistas y superficiales que solo sirven para el marketing político, pero que no aportan en nada a las soluciones concretas y lo único que hacen, en definitiva, es desinformar irresponsablemente a la opinión pública, poniendo de esta forma un granito de arena más a la desconfianza creciente de la gente hacia cualquier tipo de autoridad, lo que va en desmedro de la calidad institucional.

La otra preocupación de esta Asociación es la amenaza de iniciar juicio “político” a los jueces que decidan libertades en contra de las interpretaciones de la ley que hagan los funcionarios provinciales. Una vez más hay que repetir hasta el cansancio que la interpretación ÚLTIMA de las leyes en un Estado de Derecho le corresponde al Poder Judicial y no al Ejecutivo ni al Legislativo que sólo intervienen en su sanción y ejecución a través de leyes y decretos.

La tarea de interpretar las leyes debe hacerla el Poder Judicial, pero para esto  es necesario que actúen con imparcialidad y objetividad y sólo en base a PRUEBAS concretas del hecho. Es decir, no pueden los jueces trabajar bajo ningún tipo de “ presión” ni injerencia alguna de otro poder estatal o privado y esto es lo que ocurre concretamente cuando se trata de amenazarlos de cualquier forma, pues lo único que logran es que pierdan la serenidad y tranquilidad necesarias para juzgar.

Por último queremos recordar, una vez más, que no es el consenso ni la unanimidad de la opinión pública lo que lleva a condenar a una persona, sino únicamente las pruebas, ya que no existe consenso ni unanimidad alguna que pueda transformar en verdadero para los jueces, algo que no se puede probar.

TRELEW, 30 de abril 2009