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    Se llevó a cabo una audiencia por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de La Rioja

    Fue este lunes, ante la Cámara Federal de Córdoba. Es por las apelaciones a los procesamientos en una causa en la que se encuentran imputados, entre otros, Jorge Rafael Videla y Luciano B. Menéndez. Se investigan crímenes en perjuicio de 46 víctimas

    En la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se realizó este lunes la primera audiencia de la causa “MENÉNDEZ, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Homicidio, Privación Ilegítima de la Libertad, Tormentos, Violación de Domicilio”.

    El tribunal, presidido por Abel Guillermo Sánchez Torres e integrado por  Ignacio María Vélez Funes y José Pérez Villalobo, escuchó los primeros informes de apelación a los procesamientos y faltas de mérito dictados el 15 de agosto de 2012 por el juez federal de La Rioja.

    En la audiencia intervinieron el fiscal general, Alberto G. Lozada, las defensas de los imputados a cargo de la Unidad de Letrados Móviles de la Defensoría Pública Oficial y los abogados defensores  Ana Astorga Fuentes, Gonzalo Oliver Tezanos,  Juan Carlos Pagotto y Osvaldo Alfredo Viola.

    Por Secretaría se informó que obran certificados de defunción de los imputados Albano Harguindeguy y Juan Facundo Quiroga, fallecidos en octubre de 2012.

    A continuación, el fiscal de Cámara mantuvo la apelación presentada por la Fiscalía de primera instancia en contra de nulidades y faltas de mérito.

    Sostuvo que existe arbitraria valoración de la prueba, fundamentación aparente y  criterios contradictorios en la resolución de la situación procesal de distintos imputados.

    Solicitó que se declare la nulidad de las nulidades parciales del requerimiento fiscal declaradas por el juez federal a favor de Renardo Teodoro Sánchez y Juan Carlos Romero, y también solicitó que se revoquen las faltas de mérito dispuestas en beneficio del último de los nombrados, Carlos Severo Rodríguez y Luis Alberto Zárate.

    Por último, pidió a la Cámara Federal que ejerza competencia positiva y disponga el procesamiento de los imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos.

    A su turno, Gonzalo Oliver Tezanos, defensor de José Felix Bernaus, manifestó que el juzgado no hizo nada para ubicar a su defendido, quien es jubilado de la policía federal de la provincia y por lo tanto fácil de ubicar, mostrando con ello que el mismo “estuvo diez años con los ojos vendados” sin poder ejercer su defensa.

    Esto trajo una situación particular para él dentro de la causa porque se vio impedido de efectuar el control legal de la prueba incorporada.

    Afirmó que Bernaus fue miembro de la Policía Federal de La Rioja por ocho meses (desde enero del 75 a setiembre del mismo año)  y que obedecía las órdenes del juez porque la policía federal es auxiliar de la justicia.

    Aseguró que Bernaus no fue indagado por los hechos 40, 44 y 45, requiriendo en consecuencia la nulidad de la resolución que lo procesa por los mismos.

    Por otra parte, argumentó acerca de que el imputado siempre actuó bajo las órdenes del juez federal y que no hay constancias médicas de las supuestas lesiones padecidas por las víctimas de los sucesos que se le endilgan. Solicita la revocación del procesamiento de su representado, por ausencia de pruebas de cargo.

    Luego de un cuarto intermedio, Juan Carlos Pagotto, defensor del ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganem, sostuvo que  la resolución adolece de falta de motivación. Asimismo, pidió al Tribunal que no ejerza la competencia positiva, según lo requerido por el Fiscal General.

    Aseguró que el juez, en lugar de ponerse en una situación de equidistancia, se ha conformado con "menos verdad" y, al igual que la Fiscalía, “acude al cajón del sastre y saca alfileres para emparchar  el traje del emperador”.

    Dijo que todas las fuerzas de seguridad estaban bajo las órdenes de las fuerzas armadas y al juez se le comunicaba la detención una vez que ya estaba hecha.

    Se preguntó cómo se le puede endilgar a alguien la privación ilegal de la libertad  cuando al juez ya le llegaban detenidos.

    Con respecto a los dos testigos que dicen que Catalán presenció tormentos, el defensor aseguró que  son testigos “de oídas”, que deben ser desechados y que no existen en la causa pruebas de detenciones ilegales.

    Aseguró que el ex juez dio trámite a todas las denuncias y habeas corpus que se presentaron, siendo sus resoluciones confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones  de la época.

    El abogado cuestionó a los "testigos necesarios" que, por haber sido víctimas, carecen de objetividad. Expresó que el juez utilizó los mismos argumentos para imputar a Catalán  que para sobreseerlo por lo que  solicitó la nulidad de la resolución.

    Con respecto al imputado Ganem, dijo que era un simple oficial escribiente y aseguró que no existen pruebas en contra de él,  por lo que  solicitó la nulidad de la resolución.

    El tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el viernes 5 de abril, a las 10.


    Datos de la causa

    Se investiga la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en la provincia de La Rioja desde el mes de abril de 1975 —anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976- hasta 1979.

    Tales hechos habrían consistido en la privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal de domicilio e imposición de tormentos a 46 víctimas, por parte de personal perteneciente a la Policía de la Provincia de La Rioja, Policía Federal, Gendarmería Nacional y el Ejército. Tras su detención, las víctimas habrían sido alojadas por diferentes períodos de tiempos en diversos lugares de detención de la provincia: el Batallón de Ingenieros en Construcciones 141, Escuadrón 24 de Gendarmería Nacional en Chilecito, la sede de la Policía de la Provincia de La Rioja, la Comisarías de Villa Unión, Olta y Chilecito, el Correccional de Mujeres, la Delegación de la Policía Federal, la Base Aérea CELPA de Chamical, el Regimiento de La Rioja y fundamentalmente en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS).

    En su momento,  los familiares de las víctimas habrían formulado presentaciones formales e informales ante la Justicia Federal a efectos de recibir información del paradero de los damnificados, sin respuesta.

    Asimismo se investiga la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, abusos sexuales y aborto.

    Imputados :
    Roberto Catalán  ( ex Juez Federal de La Rioja).
    Jorge Rafael Videla (ex presidente - Ejército)
    Albano Eduardo Harguindeguy (fallecido - Ejército)
    Luciano Benjamín Menéndez, (Ejército)
    Luis Fernando Estrella, (Ejército)
    Leónidas Carlos Moliné (Ejército)
    ,Eliberto Miguel Goenaga, (Ejército)
    Hugo Norberto Maggi, (Ejército)
    Ramón Roberto Rearte  (Ejército )
    Pedro Jesús Ledesma  (Gendarmería Nacional)
    Eulogio Vilte,  (Gendarmería Nacional)
    Luis Alberto Zárate, (Gendarmería Nacional)
    Miguel Ángel Chiarello, (Gendarmería Nacional)
    Francisco Roque Pinto, (Gendarmería Nacional)
    Nicolás Antonio Granillo  (Gendarmería Nacional)
    Roberto Reinaldo Ganem ( Policía Federal)
    José Félix Bernaus  ( Policía Federal)
    Juan Carlos Romero (Policía de la Provincia de la Rioja)
    Miguel Ángel Ramaccioni, (Policía de la Provincia de la Rioja)
    Enrique Félix Moreno, (Policía de la Provincia de la Rioja)
    José Chelito Gay, (Policía de la Provincia de la Rioja)
    Juan Facundo Quiroga (fallecido - Policía de la Provincia de la Rioja)
    Renardo Teodoro Sánchez  (Servicio Penitenciario)
    Carlos Severo Rodríguez  (Servicio Penitenciario)

     

     

    DATE      : 2020-04-03 01:09:27
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