La jueza Rita Ailán, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, ordenó al Estado nacional que informe si se encuentra asegurada la continuidad de la prestación del servicio de Internet, en las mismas condiciones y modalidades que actualmente recibe por parte de Fibertel SA, a un abonado a esa empresa que inició una acción de amparo, donde cuestiona la resolución que de la Secretaría de Comunicaciones que declaró la caducidad de la licencia de esa empresa para la prestación de servicios.

Según la resolución, se trata de una medida previa al tratamiento del pedido de dictado de una cautelar, requerida por el abonado en su demanda.

En la causa, el usuario reclama que se declare la ilegitimidad e inconstitucionalidad la resolución 100/2010 de la Secretaría Nacional de Comunicaciones, en cuanto le impone la obligación de emigrar del servicio de transición de datos que le presta Cablevisión SA a través de Fibertel SA.

Señala además que esa resolución viola su derecho de propiedad, “por impedir usar recursos del modo que considera más eficiente para facilitar su derecho a trabajar; considerando que ninguna autoridad la puede obligar a migrar de la prestadora del servicio; salvo que le acrediten que CABLEVISIÓN SA violó alguna norma que hace a la licitud en el ejercicio de sus derechos”.

Y califica también a esa resolución “como abusiva, porque viola su derecho a contratar libremente su servicio de Internet”.