La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, hizo lugar a un recurso de queja por casación denegada interpuesto por los fiscales a cargo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Miguel A. Palazzani y José Nebbia, en el marco de una acción de amparo iniciada contra el Servicio Penitenciario Bonaerense.

En el caso, la Procuvin denunció que el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires les había vedado el acceso a la Unidad Carcelaria nro. 4 del Complejo Penitenciario Sur, situada en Bahía Blanca, impidiéndoles así el control de las condiciones de detención de las personas que se encuentran allí alojadas.

Los jueces Hornos y Borinsky consideraron que, más allá del nomen iuris otorgado al recurso, la cuestión a tratar tenía que ver con las facultades y atribuciones que el Ministerio Público Fiscal reconoce a sus miembros y que además podía encontrarse comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino, en atención a que estaba en juego el control de las condiciones de detención de personas privadas de su libertad.

Asimismo, los jueces señalaron que se trataba de la interpretación que mas derechos confería a las personas que se encuentran privadas de su libertad, en tanto podrían encontrarse afectados los derechos constitucionales y convencionales de las personas alojadas en la Unidad nº4 de Bahia Blanca cuyo posible avallasamiento, podría exigir la actuación inmediata de la Procuvin.