La ministra del Máximo Tribunal de Tucumán Claudia Sbdar y la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, durante la firma en abril del 2009 de un convenio de cooperación en materia de violencia doméstica - Comenzó a funcionar en Tucumán la Oficina de Violencia Doméstica
Fecha de publicación:
Martes, 20 de abril de 2010

Comenzó a funcionar en Tucumán la Oficina de Violencia Doméstica

Buscan facilitar el acceso a justicia a víctimas de esa problemática en aquella provincia. La decisión está en línea con igual medida implementada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en septiembre de 2008

Desde este lunes comenzó a funcionar la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de Tucumán, creada el pasado 21 de septiembre por acordada nº 810/09 de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia, y que funcionará en la planta baja del Palacio de Tribunales, de 7 a 19, bajo dependencia directa del Máximo Tribunal local.


Se trata de un nuevo espacio institucional que trabajará desde un enfoque interdisciplinario, con el propósito de facilitar el acceso a justicia de las personas que se encuentren atravesando una situación de violencia.


Su trabajo se enmarca en lo dispuesto por la ley nacional nº 26.485, y la ley provincial nº 7.264 y no excluye la competencia de los defensores oficiales, ni de los servicios gratuitos dependientes del Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.


Las tareas que realice la OVD facilitarán el tramite  jurisdiccional, al proporcionar al órgano judicial que fuera a intervenir información precisa sobre la situación que la persona relata, facilitándole a la vez un informe del nivel de riesgo que la misma presentare.


La puesta en marcha de la OVD forma parte de la política institucional adoptada por el Alto Tribunal provincial a partir de lo convenido en los documentos firmados el 24 de junio último con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por otro lado, el 12 de mayo pasado, entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, convencidos de que la violencia doméstica es un problema social grave que requiere de respuestas urgentes por parte del Estado.